SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | Las liquidaciones del impuesto predial con base en la actualización catastral del año anterior ya están en manos de los contribuyentes sampedreños. Los recibos de predial han desatado una ola de dudas y preocupación en la comunidad debido a incrementos drásticos en los montos y a un cambio en el diseño de la factura que dificulta su lectura.
El fenómeno no es exclusivo del municipio. En el Norte de Antioquia, procesos similares han generado tensiones severas: Yarumal ya registró protestas ciudadanas, mientras que en Donmatías las demandas tumbaron temporalmente el Estatuto Tributario aprobado el año pasado tras fuertes reclamos por el impacto de los cobros.
El impacto en la comunidad: alzas exageradas y facturas no amigables
Para los usuarios que ya hacen fila en las oficinas de recaudo, la combinación de mayores costos y falta de pedagogía han generado un clima de desconfianza.
- Incrementos desbordados: Santiago Bedoya Arismendi, habitante afectado, calificó el aumento como “sustancial y desbordado”, señalando que en su caso particular el cobro se elevó más de un 800%. “Cada persona tendrá que revisar si está dentro de los rangos legales”, advirtió.
- Falta de pedagogía: Los ciudadanos coinciden en que la transición informática empeoró la experiencia del usuario. “Cambiaron el sistema y la factura es distinta, un poco más hostil y menos amigable. La falta de pedagogía hace que la gente asuma errores que tal vez no existen”, añadió Bedoya.
- Temor por cobros anualizados: Alba Mery Zapata Rodríguez explicó que el nuevo formato genera pánico financiero porque unifica el valor total del año. “En la anterior quedaba claro qué se pagaba trimestral y qué anual. En esta todo viene anualizado; uno queda asustado pensando si tiene que pagarlo todo junto o si puede pedir que se lo dividan”.
- Inconsistencias en bases de datos: Zapata también reportó fallas de actualización en las taquillas: “A personas que ya vendieron sus inmuebles les sigue llegando el predial a nombre del propietario anterior”.
Secretaría de Hacienda responde: se aplica Ley 44 de 1990 con tope de gradualidad del 60%
El Secretario de Gobierno y Hacienda del municipio aclaró la base legal del cobro y diferenció este proceso del llamado “rezago catastral” del Gobierno Nacional (Ley 2294 de 2023), que solo actualiza el valor económico con un tope del 50%.
San Pedro aplicó una actualización catastral integral (física, económica y jurídica), regida por la Ley 44 de 1990. Esta norma faculta a los municipios a incrementar el impuesto hasta un 100% en relación con lo pagado el año anterior. Sin embargo, el funcionario destacó que el Estatuto Tributario local amortiguó el golpe mediante un principio de gradualidad aprobado por el Concejo Municipal (Acuerdo 029 de 2025):
“La ley nos permite subir hasta el 100%, pero en el Estatuto Tributario fijamos una gradualidad para este primer año: el incremento en el sector rural tendrá un tope máximo del 60% de lo que el contribuyente pagó el año anterior“.
Correcciones del sistema: rutas de atención y trámites gratuitos
Juan Pablo Toro, técnico de la unión temporal encargada del catastro en el territorio, reconoció que existen “desincronizaciones” en el sistema que han generado reportes sobre predios que aparecen a nombre de personas equivocadas o errores ortográficos en los datos de propiedad.
Para resolver estas inconsistencias, la oficina técnica estableció las siguientes pautas de atención para los usuarios:
- Trámites sin costo: Las solicitudes de corrección de nombres y las mutaciones por cambio de propietario son totalmente gratuitas y no requieren intermediarios.
- Tiempos de respuesta: Una vez radicada la novedad, la actualización del impuesto en el sistema toma entre tres y cuatro días hábiles.
- División del trabajo: El catastro municipal opera de manera segmentada; la oficina local gestiona los movimientos urbanos, mientras que el equipo técnico de la unión temporal procesa la actualización del sector rural.
El objetivo de estos ajustes, según la oficina técnica, es “afinar la carga” del sistema para blindar la información catastral de los sampedreños y garantizar liquidaciones justas.