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Fallo en primera instancia frente a demanda contra alcalde de San Pedro

Fallo demanda contra alcalde

En fallo del 7 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que según el marco jurídico colombiano, el alcalde Héctor Darío Pérez incurrió en conflicto de intereses cuando en calidad de concejal del municipio en el periodo 1998 – 2000, votó favorablemente un proyecto de acuerdo que mantenía la exención del impuesto de industria y comercio a las empresas que cumplieran unos requisitos, que para ese entonces sólo cumplía Colanta.

En la página 38 del fallo se lee: “ el demandado aprobó una exención que benefició a la empresa en la que trabajaba y que lo apoyó para desarrollar su proyecto político. Tal afirmación resulta demostrada con las pruebas recogidas”.

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Y más adelante, en la página 39 del fallo está escrito: “cabe afirmar que el señor Héctor Darío Pérez no actuó movido por un interés general si no particular y que se cumple los presupuestos señalados por el Consejo de Estado para que proceda pérdida de investidura”. Lo que se interpreta en el fallo, es que esta pérdida de investidura está relacionada con el cargo de concejal que tenía en ese momento.

Frente a su cargo actual como alcalde, el fallo niega las pretensiones del demandante, el ex alcalde Jaime de Jesús Echeverry Marín, quien solicitó separarlo del cargo. Al respecto, en el fallo en la página 41 dice: “la pretensión de que se ordene la separación del demandado del cargo de alcalde del municipio de San Pedro para el periodo 2016-2019 será NEGADA, teniendo en cuenta que no es mediante el medio de control de perdida de investidura que se puede hacer esa declaración”.

En conclusión, el fallo en primera instancia confirma que el hoy alcalde, incurrió en 1.998 en un conflicto de intereses, lo cual viola las leyes que rigen el comportamiento de los funcionarios elegidos por voto popular. Sin embargo, no es claro y deja un vacío frente a las implicaciones que tendría este fallo en su desempeño actual como alcalde de San Pedro.

El fallo del Tribunal Administrativo tiene una segunda instancia ante el Consejo de Estado. Mientras se cumple esta etapa del proceso, Héctor Darío Pérez, continúa en el ejercicio de su cargo como alcalde.

Desde ayer lunes hemos insistido en la administración municipal para que se le explique con más detalle a la comunidad las implicaciones de este fallo, teniendo en cuenta la incertidumbre que genera en muchas personas; sin embargo, no ha sido posible, porque el señor alcalde se encuentra de viaje. El secretario de gobierno y alcalde encargado, Yovany Vásquez Ruíz manifestó que el alcalde (por lo menos hasta ayer lunes) no había sido notificado personalmente.

Hay un punto que llama la atención en el fallo, en la página 38 dice que “el señor Héctor Darío Pérez Piedrahita incurrió en un conflicto de intereses porque debatió y aprobó el Acuerdo 045 de 1998 sin declararse impedido y no fue recusado". Cabe recordar que en esta misma situación se encontraban en ese entonces, otros concejales que como él, votaron el acuerdo siendo empleados de la Cooperativa Colanta, es decir, habrían incurrido en la misma falta que hoy se le atribuye al Señor Héctor Pérez.

Esta acción tipificada como una violación, especialmente, a los artículos 50 y 70 de la ley 136 de 1.994, ha sido recurrente en el actuar de varios de los concejales durante los últimos años. Un ejemplo de ello, el fallo de febrero 23 de 2017 sobre el caso del ex concejal Heriberto Ríos Arango, en el que basado en dicha norma, en última instancia, el Consejo de Estado decretó pérdida de investidura.

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